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domingo, 29 de diciembre de 2013

El Gobierno aprueba una revalorización de las pensiones que profundiza la pérdida de poder adquisitivo de los pensionistas

280.000 pensionistas canarios....verán incrementada su pensión en tres euros ¡¡¡

El Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto que fija una revalorización de las pensiones públicas del 0,25% para 2014, el mínimo previsto en la Ley de reforma de las pensiones, publicada este pasado jueves en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Agencias/Prensa

Según el Ministerio de Empleo, esta subida beneficiará a 9,15 millones de pensiones contributivas, 432.757 pensiones no contributivas y a 166.631 prestaciones por hijo con discapacidad.

En el Real Decreto se regula también la revalorización de las pensiones derivadas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, de las pensiones extraordinarias derivadas de actos de terrorismo y de las reconocidas en aplicación de normas internacionales.

También incluye las normas de concurrencia de pensiones, y las referentes a la financiación y gestión de la revalorización, que tendrán un coste de 263,9 millones de euros.

Por otro lado, el límite máximo de las pensiones públicas se fija con este Real Decreto en los 2.554,49 euros mensuales a partir del próximo 1 de enero.

Además, el Consejo de Ministros también ha aprobado un Real Decreto por el que se desarrolla la revalorización de las pensiones de las clases pasivas --funcionarios civiles del Estado, militares profesionales y algunas otras personas relacionadas con el Estado-- también en un 0,25% para 2014, según lo establecido en los Presupuestos Generales del Estado (PGE).

Asimismo, se fijan las reglas y el procedimiento para efectuar la revalorización y el sistema de concesión de complementos económicos para las pensiones mínimas.

Con la publicación este pasado jueves en el BOE de la reforma de las pensiones se establece el incremento anual de las pensiones, de acuerdo a las posibilidades económicas de la Seguridad Social y la evolución de sus parámetros fundamentales.

martes, 24 de diciembre de 2013

Importante movilización en Las Palmas en defensa del ITC


Varios cientos de personas se manifestaron en la tarde de este lunes en Las Palmas de G.C. para expresar su apoyo a los trabajadores del Instituto Tecnológico de Canarias, afectados por un ERE extintivo cuya aplicación supondría el despido de la mitad de la plantilla, y a los más de 600 empleados laborales del Ayuntamiento capitalino a los que el grupo de Gobierno del PP pretende imponer un cambio contractual, convirtiéndolos en funcionarios interinos.  Una modificación que - según estos trabajadores - también sería un paso previo para poder imponer despidos "a coste cero".

La marcha reivindicativa partió de La Plaza de las Ranas pasadas las siete de la tarde, transcurrió por la calle de Triana y concluyó en el Parque de San Telmo con las intervenciones de representantes de los trabajadores del ITC y del comité de empresa del ayuntamiento.

Detrás de una pancarta en la que se leía el lema "Sin I+D+i Canarias no tiene futuro, Salvemos el ITC", los manifestantes corearon diversas consignas en defensa del Instituto Tecnológico y culpabilizaron directamente a la consejera de Empleo, Francisca Luengo, del proyectado Expediente de Regulación de Empleo.

Durante su intervención final, el presidente del comité de huelga del ITC, Héctor Mendoza, denunció que los empleados públicos dedicados a la investigación y el desarrollo sufren los mayores niveles de precariedad laboral y reivindicó la importancia de este trabajo.  "Que se enteren todos los ciudadanos de Canarias -dijo-, cuando se recorta en I+D+I se recorta en futuro, y nosotros estamos aquí para defender nuestro futuro".

Por su parte, el representante de los trabajadores Ayuntamiento de Las Palmas informó a los presentes de que la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias acordaba este mismo lunes suspender temporalmente la conversión del vínculo jurídico de laboral indefinido a funcionario interino que trata de aplicar el alcalde Juan José Cardona, respondiendo así a la demanda interpuesta por el comité de empresa del consistorio.

Sin embargo - apuntó - "es en la calle donde se ganan las luchas y es ahí donde debemos estar.  Contra la reforma de la administración local, que pretende acabar con los servicios sociales, tenemos que estar unidos, para que no se lleve a cabo y para defender un empleo y unos servicios públicos de calidad".

Fuente: canarias-semanal.org

jueves, 19 de diciembre de 2013

Denuncian que el alcalde de Los Realejos prohibe que se celebre una charla informativa a la Defensa de las Pensiones Públicas

SB-Noticias.- El alcalde de Los Realejos y presidente insular del Partido Popular en Tenerife, Manuel Domínguez, ha prohibido que la Plataforma por la Defensa de las Pensiones Públicas  dé una charla informativa sobre la reforma de dichas pensiones en el centro social La Montañeta, de aquel municipio.

Para la Plataforma, con esta actitud, Manuel Domínguez sigue la línea de su partido a escala nacional de obstaculizar el debate público sobre esta reforma, que pretende en realidad no “salvar” el sistema público de pensiones, como dicen, sino recortarlas  –como ya han hecho con la educación, la sanidad y los salarios–, abocando a la miseria en pocos años a uno de los colectivos sociales más vulnerables del Estado.

La Plataforma por la Defensa de las Pensiones Públicas de Tenerife denuncia el escaso sentido democrático de Manuel Domínguez y de su partido. "Desde hace meses venimos dando charlas sobre las pensiones en asociaciones de vecinos y otros centros sociales de la isla, y ningún regidor municipal nos ha vetado. Claro que, hasta ahora, no habíamos topado con un alcalde del PP, el partido cuyo Gobierno es protagonista de las mayores agresiones sufridas por las capas populares del Estado en los últimos treinta años".

 Indican que el presidente del PP en Tenerife ha aducido como motivo de su "cacicada", que un centro dependiente del ayuntamiento no puede servir de marco a “actos de carácter político”. Nos ha aplicado la “ley mordaza” incluso antes de que su Gobierno la promulgue.

Añade la Plataforma que "A los rebajas sociales de toda índole que el PP nos impone, se une un talante  de gobierno autoritario, con absoluto desprecio hacia el debate, la información y la participación de la ciudadanía. Para el alcalde del PP en Los Realejos, el que los pensionistas nos preocupemos por nuestro futuro y el de nuestros hijos es “hacer política”, y eso debe estar tajantemente prohibido en su municipio, donde sólo pueden hablar, por lo visto, los que defiendan las impopulares medidas de su Gobierno".

Aseguran que "Nos roban, nos engañan y quieren que nos resignemos; pero no nos callarán. Por más medidas antidemocráticas y represivas que tomen, el pueblo seguirá alzando su voz".  A pesar de los siniestros gobernantes estatales y de sus ridículos caciques locales, la verdad del pueblo acabará imponiéndose por encima de las mentiras y atentados contra las libertades ciudadanas.

Fuente:  www.sanborondon.info

lunes, 16 de diciembre de 2013

Declaración unitaria sindical sobre el proyecto de presupuestos de la Comunidad Autónoma de Canarias para el 2014

Las organizaciones sindicales firmantes, tras el análisis del proyecto de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para el 2014, hemos llegado a las siguientes conclusiones:

1º. Se trata de unos presupuestos continuistas, pues persisten en priorizar el control del gasto, renunciando a la mejora de los ingresos públicos.

2º. Son unos presupuestos recesivos que no ayudan a la reactivación ni a la diversificación económica.

3º. Estamos ante unos presupuestos que dan la espalda a la actual situación de emergencia social existente en las islas y que no abordan las prioridades que esto comporta: combatir el paro, la pobreza y la exclusión social.

4º. En los presupuestos no se constata una preocupación real por combatir el fraude fiscal, la economía sumergida y el empleo irregular, pues disminuye la previsión para la gestión tributaria.

5º. Estos presupuestos debilitan el gasto en los servicios públicos esenciales como la Sanidad y las Políticas Sociales, con el consiguiente deterioro en la prestación de dichos servicios. En Educación, aunque hay un incremento presupuestario, este no alcanza a compensar el fuerte deterioro producido en los años 2012 y 2013.

Proponemos como alternativas a considerar en relación a estos presupuestos las siguientes:

A) En relación con los ingresos:

1º. La persecución decidida del fraude fiscal, la economía sumergida y el empleo irregular.

2º. El incremento de los ingresos a través de los impuestos propios aprovechando el margen de maniobra que todavía existe y del que han hecho uso otras comunidades autónomas, todo ello bajo la premisa común de exigir un mayor esfuerzo fiscal a las rentas más altas.

3º. Revisión de los beneficios fiscales y otras ayudas públicas que no redunden en la creación o en el mantenimiento del empleo.

4º. La instauración una tasa turística que grave las pernoctaciones en los alojamientos turísticos, cuya recaudación se use fundamentalmente en la renovación de las infraestructuras turísticas y en el mantenimiento y mejora de los espacios naturales y el paisaje.

5º. Supresión de la compensación del ITE por parte de Canarias al Gobierno del Estado, lo cual supone un importe de 350 millones de euros/año.

B) En relación con el gasto:

1º. Un plan de inversiones públicas destinadas a la creación de empleo.

2º. El fortalecimiento de los servicios públicos esenciales para hacer frente al actual estado de emergencia social en Canarias.

3º. La puesta en marcha de una renta básica que puede ser complementaria a la actual prestación canaria de inserción y que permita una respuesta urgente a la exclusión social derivada de la existencia de más de 26.000 familias sin ningún tipo de ingresos en las islas. Esta sería una de las piezas clave dentro de un auténtico Plan de choque contra la pobreza que también debería incluir un incremento de las ayudas a la dependencia.

4º. Fortalecimiento de la I+D+i en Canarias. Dotación presupuestaria que permita la continuidad sin recortes del ITC.

5º. Aplicar criterios de “austeridad bien entendida” eliminando gastos superfluos o no prioritarios.

Las organizaciones sindicales firmantes hacemos estas consideraciones y propuestas desde la exigencia de que tanto el Gobierno como el Parlamento deben desarrollar su actividad de acuerdo con los fundamentos democráticos basados en el interés general y el desarrollo equilibrado de la mayoría social.


ORGANIZACIONES SINDICALES FIRMANTES:

Co.Bas Canarias, CCOO Canarias, Convergencia Sindical Canaria, FSOC, Intersindical Canaria, UGT Canarias y USO Canarias.


¡DEFIÉNDETE!
CONCENTRACIÓN
Frente al Parlamento de Canarias
17 de diciembre 11:00 horas
c/Teobaldo Power
Santa Cruz de Tenerife

lunes, 9 de diciembre de 2013

Nines Maestro, "Crisis capitalista y privatización de la sanidad"



Charla ofrecida en el Club Prensa Canaria (Las Palmas de Gran Canaria), el día 5 de Diciembre de 2013 a las 20,00 horas.

Organizó: Unidad del Pueblo y Tribuna Comunista de Canarias.

La deuda o la vida. Crisis capitalista y privatización de la sanidad.

Las privatizaciones, tanto de empresas estratégicas, como de servicios sociales como la sanidad, forman parte de los planes de parasitación del capital privado hacia los recursos públicos, intentando recuperar la tasa de ganancia. Sus orígenes no hay que buscarlo, pues, en el estallido de la burbuja financiera, sino en el verdadero comienzo de la crisis en la década de los setenta. En el Estado español, la privatización de la sanidad tiene dos hitos fundamentales: el Informe Abril Martorell (1991) y la Ley de Nuevas Formas de gestión (1997). El capital privado acapara cada vez más parcelas de los 70.000 millones anuales de gasto sanitario público, con la decisiva colaboración de gobiernos de todo color político. El negocio en la sanidad se asegura mediante la reducción de recursos, la selección de pacientes rentables y, sobre todo, con la colaboración para todo ello de un personal médico, precario y con incentivos directos al ahorro. La Reforma Constitucional de agosto de 2011, el Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza de la Unión Económica y Monetaria y la Ley Orgánica 2/2012, que es desarrollo de ambos, pretenden acabar con los servicios públicos, negando todo tipo de soberanía a ayuntamientos, CC.AA, a la Seguridad Social y al propio gobierno del Estado. Nunca antes estuvo tan claro que la única esperanza de no caer en una semi-esclavitud laboral y en la liquidación de los servicios públicos, reside en la capacidad de lucha organizada de los pueblos.